La disputa en torno al millonario seguro no cobrado por el “robo del siglo”

En septiembre de 2017, unos seis delincuentes ingresaron a las dependencias de las empresa de transporte de valores Esertval –ubicadas en la comuna de Independencia-, donde sustrajeron más de US$ 25 millones.

El robo, el mayor registrado hasta ahora, obligó al gerente general y uno de los dueños de la firma, Antonio Leal, a activar el seguro contratado con Orion Seguros Generales, el que a su vez traspasó la responsabilidad de la cuenta a la corredora de reaseguros Willis, asentada en Londres.

Los problemas para Leal surgieron el 13 de marzo pasado (a casi seis meses del delito), cuando recibió una carta firmada por el gerente técnico de la compañía de seguros, Alfredo Richaud.
En la misiva, el ejecutivo le dijo que Orion no responderá con el dinero, pues una cláusula del contrato indicaba que si había un cambio de propiedad en la empresa y la aseguradora no autorizaba dicha modificación, el seguro no tendría efecto.

"En este tipo de seguros esta disposición referente a los cambios en el control es muy relevante porque la experiencia y características de los propietarios y controladores del asegurado es uno de los elementos centrales utilizados por los Aseguradores para determinar el riesgo asegurado, por lo que en ningún caso habrían sido autorizados por Orion", señala la carta.

Poco tiempo antes del delito, la firma de transporte de valores incorporó a un nuevo socio, luego que Antonio Tapia y el propio Leal, propietarios, vendieran el 50% de sus derechos a Ricardo Reyes, quien ingresó al negocio.

"En el caso de un cambio de control o propiedad del Asegurado, este seguro se termina en su totalidad de inmediato. El control en esta condición significa el poder de dirigir la gestión o política de una compañía matriz de control o el Asegurado por cualquier medio, incluyendo por efecto de votación de acciones en propiedad", dice la octava condición de la póliza de seguros contratada por Esertval.

Por otro lado, el informe del liquidador, al que tuvo acceso Diario Financiero, también hizo mención al cambio de propiedad, además de ser crítico con las medidas de seguridad de la compañía.

"De ser las cosas como las ha presentado el Asegurador, y si el asegurado no puede demostrar que solicito y consiguió autorización del Asegurador, previo a la fecha de efectuar los cambios de propiedad y administración, esto es el 30 de Junio de 2017, la póliza que es sujeto de este análisis no habría estado vigente al momento de ocurrir el siniestro que origina el trabajo que este informe desarrolla, motivo por el cual no habría siniestro alguno que ajustar", según el documento elaborado por el liquidador Ediaz & Asociados.

En la empresa, señalan fuentes, la queja es que no hubo un cambio de propiedad, sino más bien un nuevo socio, por lo que los dueños originales continúan con participación en la firma.

No más transporte de valores

La compañía de seguros generales Orion, propiedad de la familia Ergas (Movicenter), también estuvo involucrada en el seguro del robo efectuado en el aeropuerto de Santiago en 2006, en el que delincuentes sustrajeron casi $ 1000 millones de un camión de transporte de valores de la empresa Brink's.

Con este hecho y el asalto a la firma Esertval, entre otras materias, la aseguradora dejó de ofrecer productos que cubran siniestros para los transporte de valores.

El monto de los US$ 25 millones sustraídos el año pasado, señalan fuentes, sería un gran impacto para la compañía de seguros, pues no hay certeza todavía de que, más allá de lo que pueda significar un cambio de propiedad, los reaseguradores vayan a hacerse cargo del siniestro. En ese caso, la responsabilidad legal recaería en Orion, lo que sería complejo para la aseguradora en un eventual juicio.

Los montos

Según se establece, el seguro cubre el siniestro hasta los US$ 35 millones, con una prima anual durante el primer año de US$ 55.500, la que se pagó en cuatro cuotas. El segundo año, bajó a US$ 54.100, también en cuatro cuotas trimestrales.

Según el informe del liquidador, de los US$ 25 millones sustraídos, $ 11.104 millones a Banco BBVA, $ 1.809 millones a Serviestado, $ 1.559 millones a Servicios EME y $ 370,3 millones a BCI, mientras que el resto pertenece a otras entidades.